La escolarización de los niños, un escudo (temporal) frente al desahucio

Los niños se han convertido en involuntarios escudos ante algunos desahucios. Permitir que los menores terminen el curso escolar en su centro de estudios y con sus compañeros de clase, ha sido el motivo que ha posibilitado el aplazamiento de al menos diez desalojos en la Comunidad de Madrid en lo que va de año. Los datos son de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ya que en el Consejo General del Poder Judicial, institución que maneja las estadísticas sobre este tema, no se registra este tipo de información. Fue a partir del pasado mes de febrero que los abogados de la PAH empezaron a plantear este problema a las entidades. El primer caso que se logró aplazar a finales de junio por este motivo fue el del dominicano Ronale De la Cruz, padre de dos menores, en la paralización de cuyo desalojo intervino la hermana Inmaculada, directora del centro donde estudian sus hijos, el Colegio Nuestra Señora del Carmen (un concertado de Villaverde). Desde entonces, este motivo ha servido para frenar otros nueve desahucios (ocho de ellos de Bankia, uno de Banesto y un décimo del Banco Guipuzcoano). El argumento no siempre funciona: el viernes pasado Luciano Chancusig, un camionero ecuatoriano en paro, fue desahuciado a pesar de que residía en la vivienda junto a sus tres hijos (de 17, 16 y 13 años). Ceden las entidades, cuando lo debería supervisar la judicatura para proteger al menor "Poco a poco las entidades están empezando a aceptar este motivo", dice Rafael Mayoral, abogado de la PAH. "Tiene su lógica, tras un desahucio vete a saber dónde acaba la familia, supone un impacto a todos los niveles y en especial en el proceso educativo de los menores". Mayoral destaca que son las propias entidades quienes, "llevadas por la presión social", están cediendo y aceptando posponer por este motivo desalojos en los que hay menores involucrados. "Ceden las propias entidades, cuando es algo que debería ser supervisado por la judicatura para proteger los derechos del menor", se queja Mayoral. "Nos pasa lo mismo en los casos en los que hay inválidos o personas enfermas: depende de la voluntad de la entidad; la judicatura no interviene".